EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA DEL PASADO 29 DE JUNIO NO DEBÍA DE FIGURAR EN LUGAR DESTACADO LA LEGALIDAD INTERNACIONAL. LA INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA A LOS GOBIERNOS DE LOS 27 SANCIONÓ ESE DÍA EFINITIVAMENTE LA PRÓRROGA POR UN AÑO DEL ACUERDO PESQUERO CON MARRUECOS DESPUÉS DE QUE ALEMANIA CAMBIARA SU VOTO Y SE UNIERA A LOS ADALIDES DEL PACTO: ESPAÑA Y FRANCIA.
Este convenio de cuatro años de duración, que expiró el 27 de febrero, incluye las aguas de la última colonia de África: el Sáhara Occidental. Una circunstancia que, según la doctrina de la ONU y de un dictamen de los servicios legales del Parlamento europeo, hace que el convenio sea ilegal mientras Rabat no demuestre que cumple dos requisitos. El primero, que los saharauis han dado su visto bueno al pacto, y el segundo, que este pueblo se beneficia del acuerdo.
Los 27 aseguran que los datos aportados por Rabat son «relevantes»
El 12 de julio, un comunicado del Consejo justificaba la prórroga del protocolo pesquero: «Las autoridades marroquíes han proporcionado, en diciembre de 2010, información relevante a la Comisión que establece que la población de esa región [el Sáhara Occidental] se ha estado beneficiando del acuerdo».
La frase aludía a un informe entregado por Marruecos a Bruselas después de que la comisaria europea de Pesca, María Damanaki, se lo reclamara en vano durante meses. Damanaki respondió así a la inquietud mostrada acerca de la legalidad del acuerdo por países como Suecia, Dinamarca y Reino Unido, que se negaron, en contra del criterio de España, a que el protocolo se renovara automáticamente en febrero por otros cuatro años.
Público ha accedido a una copia de ese informe marroquí, que se ha mantenido en secreto clasificándolo como «restringido UE». Pese a lo afirmado por los 27, en el texto de 44 páginas ni siquiera se menciona el Sáhara ni a su población. Las aguas de la excolonia española se engloban en una «región» denominada «Atlántico sur», que no corresponde exactamente con el territorio saharaui pues incluye una franja del litoral marroquí.
Un evaluación encargada por la UE contradice el informe marroquí
El documento sí alude a ciudades saharauis, presentadas como marroquíes, por ejemplo para informar de la construcción del puerto de Bojador y la extensión del puerto de Dajla. Datos que deberían ser irrelevantes, pues el dictamen legal de la Eurocámara de 2009 precisó que la construcción de infraestructuras no se puede equiparar a un beneficio para la población.
Datos generales.
El informe se centra en presentar la «estrategia Halieutis», un plan de desarrollo del sector pesquero marroquí [se entiende que también del saharaui] cofinanciada con parte de los 36,1 millones de euros anuales que la UE ha pagado desde 2007 por las 119 licencias que prevé el convenio (101 para barcos españoles).
Las asociaciones marroquíes trataron de comprar 4×4 con cargo a la UE
El texto es prolijo en buenas intenciones, como la «explotación sostenible del recurso pesquero», pero pobre en datos, que son además muy generales. Las cifras apenas si aparecen desglosadas por regiones y en ningún caso se alude al Sáhara como tal.
Una realidad que desmiente lo afirmado por Alicia Villauriz, secretaria general del Mar del Ministerio español de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que, en una carta al Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental (WSRW, en sus siglas en inglés), fechada el 2 de marzo, afirmó: «Los impactos socioeconómicos en la región son evaluados específicamente» por Rabat.
En realidad, la parte del informe dedicada al «impacto socioeconómico» ocupa sólo tres páginas. En una de ellas se anuncia que en la región «Atlántico Sur» se han creado 20.700 puestos de trabajo. No se dice cómo, ni cuándo, ni en qué empresas, ni, lo que es más importante, cuántos saharauis ocupan esos empleos. Incluso si esa cifra es cierta, no se podría colegir de ello que la población saharaui obtiene beneficios, pues en el Sáhara viven ya más marroquíes que pobladores autóctonos.
El Frente Polisario cree que el acuerdo obedece a un «objetivo político»
La presentación marroquí concluye asegurando que el acuerdo de pesca con la UE ha financiado el 26% del coste de los proyectos de desarrollo de su sector pesquero, y cita, entre otros, un plan de modernización de la flota y un programa para la eliminación de las nefastas redes de deriva.
Estos datos positivos suscitan dudas a la luz de los pésimos resultados que arroja una evaluación independiente sobre el acuerdo que la propia UE encargó en 2010 a la consultora francesa Oceanic Développement Megapesca Ltd.
El informe de esta empresa contradice buena parte de lo que afirma el documento entregado por Rabat a la UE. Sostiene, por ejemplo, que el apoyo económico de Bruselas al sector pesquero marroquí (también en el Sáhara) «ha sido poco utilizado». Y ofrece como razón el «fracaso» de los programas citados precisamente por Rabat. Por ejemplo, el de modernización de la flota, del que se asegura que «no ha sido utilizado». También se denuncia que Marruecos no ha cumplido con «ninguno de sus compromisos» sobre la eliminación de las redes de deriva. Ello no ha sido óbice para que Rabat haya percibido «en su totalidad» los fondos europeos destinados a ese programa.
La constatación de un fracaso.
La comparación del informe marroquí y de la evaluación independiente de la UE (proporcionada a este diario, con algunas partes borradas por la Comisión Europea) hace aflorar muchas zonas de sombra. Si, en su informe, Marruecos da una imagen positiva del pacto, el estudio de Bruselas describe el convenio como «decepcionante» e «ineficaz». La consultora pone incluso en boca de Rabat la constatación de ese fracaso: «Las autoridades marroquíes consideran que el apoyo a su sector de la UE no representa más que el 0,2% de lo invertido por el Estado en desarrollar este». Sobre el empleo, se precisa: «La repercusión del acuerdo sobre el sector de la pesca en Marruecos [y en el Sáhara] es relativamente marginal».
En un dato coinciden ambos informes: la UE no ha financiado a las asociaciones profesionales marroquíes del sector pese a tenerlo previsto. Una de las razones es que dichas asociaciones pretendían comprar todoterrenos a expensas del dinero europeo.
Para Javier García Lachica, representante en España de WSRW, una organización que lleva meses pidiendo en vano que se hagan públicas las alegaciones de Rabat, es «indignante la opacidad de Bruselas». En su opinión, la aceptación del texto marroquí era un «trámite» destinado a justificar la prórroga del acuerdo: «Este informe se ha mantenido en secreto porque no justifica nada y lo que demuestra es que el convenio obedece a motivos políticos».
Bucharaya Beyún, delegado del Frente Polisario en España, va aún más lejos. Recalca que el auténtico objetivo de Marruecos es que, mediante el acuerdo de pesca, «la UE reconozca la soberanía marroquí sobre el Sáhara».
«¿Qué son 36 millones de euros para un Estado? Nada. Aquí el objetivo es político, y ese fin político recibe mucho oxígeno del Gobierno español», denuncia Beyún.
El acuerdo no parece obedecer a un fin económico para la UE, toda vez que se trata de un pésimo negocio: por cada euro invertido, sólo se recuperan 0,83 céntimos. El incumplimiento de objetivos del acuerdo que pone de relieve la evaluación de Bruselas es tal que, el 31 de agosto, la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, la popular Carmen Fraga, exclamó al conocer sus resultados: «Es el informe más negativo que he visto en mi vida».
El interrogante que surge ahora es por qué los 27 dan por bueno un informe de Marruecos que no sólo no justifica beneficios para la población saharaui, sino que contradice una evaluación de la propia Unión Europea.
Los saharauis desmienten a Rabat.
Tres asociaciones de pescadores de la ciudad de Dajla han desmentido, en una carta enviada a la UE, que los saharauis se beneficien de la pesca en sus aguas. Es más, el texto denuncia «su marginación y exclusión» así como que «el Estado marroquí se refiera constantemente a las inversiones, mientras que en realidad no están llevando a cabo ningún esfuerzo para hacer que la gente se beneficie de esa supuesta inversión».
Fuente: www.lavozdeasturias.es
